(eHealthReporter) El Consejo Federal de Medicina (CFM) envió una carta al Ministro de Salud, donde informa su decisión de reconocer la posibilidad y la ética del uso de la telemedicina en el país, más allá de lo establecido en la Resolución CFM N ° 1.643 / 2002, que sigue vigente.

La decisión, decían, se aplicaba excepcionalmente y por el tiempo que dure de la lucha contra la pandemia COVID-19. Y, con este anuncio, el CFM busca contribuir a la mejora y a la máxima eficiencia de los servicios médicos prestados en el país.

Según el documento enviado, la telemedicina se podría utilizar de las siguientes maneras:

• Teleorientación, que permite a los médicos orientar y aislar a los pacientes de forma remota
• Telemonitorización, que permite, bajo supervisión y orientación médica, controlar de forma remota los parámetros de salud y/o enfermedad
• Teleinterconsulta, que permite el intercambio de información y opiniones exclusivamente entre médicos, para asistencia diagnóstica o terapéutica.

En este contexto, fue sancionada ayer la Ley n. 13,989 / 2020 que prevé el uso de la telemedicina durante la crisis de salud de COVID-19 que, entre otras cosas, establece que por telemedicina debe considerarse “el ejercicio de la medicina mediante el uso de tecnologías con fines de asistencia, investigación, prevención de enfermedades y lesiones y promoción de la salud” y que “los médicos que eligen las consultas remotas deben informar a los pacientes sobre las limitaciones de la práctica “.

La versión sancionada tiene dos vetos en relación con la versión aprobada en la Cámara de Diputados: el artículo que establece que, después del período pandémico, el Consejo Federal de Medicina regulará la telemedicina y aquel que determina que las recetas médicas presentadas en soporte digital son igual de validas que las tradicionales recetas escritas de papel.

La Presidencia de la República justificó el segundo veto aludiendo que, para la Presidencia, “ofende el interés público y crea riesgos para la salud de la población, el equiparar la validez y autenticidad de un simple documento digitalizado, de fácil adulteración, a un documento electrónico con firma digital y con certificados ICP-Brasil (Infraestructura de claves públicas brasileña)”.

“Podría conducir a un colapso en el sistema de control actual para la venta de medicamentos recetados, dando lugar a un aumento en el consumo de opioides y otras drogas de este tipo”, concluye la justificación del veto.