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Colombia y Perú lucharán contra el comercio ilegal de medicamentos

Jueves 15 Octubre, 2015 en  Exterior

Afrontar de manera conjunta esa lucha es el principal compromiso de autoridades reguladoras de medicamentos, policía, jueces, fiscales, representantes de la industria farmacéutica y de la sociedad civil de dichos países.

digemid

(DIGEMID) Afrontar de manera conjunta la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos en todas sus modalidades es el principal compromiso asumido por las autoridades reguladoras de medicamentos, policía, jueces, fiscales, representantes de la industria farmacéutica y de la sociedad civil de Perú y Colombia durante el “Foro Internacional sobre el contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”, informó la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid).

“Vamos a actuar de manera coordinada planificando acciones conjuntas, estrechando lazos de cooperación entre las agencias gubernamentales; esta problemática no solo afecta al Perú, sino a países vecinos como Ecuador y Colombia, dado su carácter de delito transnacional”, dijo la directora ejecutiva de Control y Vigilancia Sanitaria de la Digemid, Irene Chea.

Durante el Foro, organizado por Grupo Técnico Multisectorial de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Contrafalme), Chea explicó que para ello se utilizarán las fortalezas de ambos países, como la experiencia colombiana en la investigación penal y la aplicación de las penas de cárcel efectivas establecidas por nuestro Código Penal.

“Buscaremos fortalecer el compromiso del sector privado tomando el ejemplo de Colombia, donde la industria ayuda en las investigaciones, haciendo seguimiento de los casos, sin detenernos simplemente en las personas intervenidas vendiendo medicamentos ilegales, con el fin de detectar a los proveedores”, explicó.

Chea indicó que con el intercambio de experiencias se logrará judicializar los casos y obtener sentencias con penas efectivas de cárcel como disuasivo. “Este es un negocio muy lucrativo que crece pese a las leyes vigentes así que debemos ponerle freno”, remarcó.

Agregó que para alcanzar estos objetivos, el Foro tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento, competencias y potenciar las habilidades de las autoridades responsables de la lucha contra el contrabando, comercio ilegal y falsificación de medicamentos, promoviendo alianzas estratégicas entre autoridades regulatorias e instituciones del sector privado en la lucha contra este flagelo que causa graves daños a la salud de nuestra población.

Prisión efectiva

Chea consideró de gran importancia la participación en el evento de jueces y fiscales, lo que contribuirá a lograr resultados concretos en materia de capturas, judicialización de responsables y en el desmantelamiento de las organizaciones criminales. “La legislación vigente establece penas que van desde los cuatro hasta los 15 años de prisión efectiva para quienes se dediquen a esta ilícita actividad”, enfatizó.

El Foro fue inaugurado por la ejecutiva adjunta de la Digemid, Maruja Crisante, quien destacó que Contrafalme es una evidencia del esfuerzo articulado y participativo de los sectores público y privado en la lucha contra este flagelo.

Participaron también la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto de Seguridad Farmacéutica (PSI) de Estados Unidos, además de representantes de la Sunat, Indecopi, Ministerio Público y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre los asistentes figuran representantes de las direcciones de medicamentos, jueces y fiscales de Lima y de las regiones de frontera, como Loreto, Puno, entre otras.

Por Colombia participaron la Gerencia del Proyecto contra la falsificación de productos y usurpación de marca – ANDI; el experto penalista Nicolás Mauricio Gonzales y el gerente de investigaciones Jorge Vargas. La experiencia operativa de la policía colombiana fue presentada por el Grupo de Investigaciones Generales mientras que la peruana estuvo a cargo de la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado (Divindecse) de la Policía Nacional.


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