La criminalización de los actos médicos y de los centros sanitarios parecen tener cierto predicamento en algún sector de la justicia. La ignorancia de cómo funcionan las epidemias confunde aún más a algunos fiscales y jueces que ven en los contagiados a peligrosos individuos que diseminan enfermedad atentando contra la salud pública. Los trabajadores del sector son víctimas de la infección y no propagadores dolosos o culposos de la misma. Es imposible evitar totalmente que los médicos y enfermeros se contagien o que contagien a otros. Además, como humanos también corren riesgos por fuera de sus trabajos, cuando van en transportes públicos o compran en un supermercado. Si se los castiga por esto, sería bueno que antes también se les avise, para que decidan si quieren seguir poniéndole el cuerpo a la lucha contra esta pandemia. Es inaceptable que se los aplauda por un lado y se los enjuicie por otro.
El hartazgo ante esta situación se concretó este último sábado, cuando en las principales ciudades del interior del país se movilizaron los profesionales de manera espontánea, con el apoyo de Círculos y Colegios y de la Confederación Médica. A la crónica insatisfacción, debida a las precarias condiciones laborales, al multiempleo, originado en los bajos salarios, a los riesgos de enfermedad inherentes al ejercicio de la profesión, al acoso de la industria del juicio por responsabilidad profesional de los últimos 35 años, ahora se le suma la agresión social y jurídica por la diseminación de la infección.
La espontaneidad de la protesta fue masiva. Incluso en ciertas provincias no hubo consignas, solo convocatoria. El análisis de este comportamiento es complejo, pero tiene una base común, el enorme descontento que padece el colectivo social al que va dirigida esa convocatoria. En este caso, la gota que rebalsó el vaso fue la criminalización por parte de la justicia de médicos en ejercicio de sus funciones en las provincias de San Juan, Córdoba y Buenos Aires.
El caso sanjuanino tomó estado público en Mayo y su origen fue un traslado por avión sanitario del hermano de una médica infectóloga que fue denunciada penalmente y que provocó la reacción local del personal hospitalario en defensa de la colega. En Córdoba las cosas subieron de tono con la efervescencia que caracteriza a la provincia mediterránea, debido al accionar de un fiscal que acusó a dos médicos de transmitir el virus en un geriátrico de la localidad de Saldán. La marcha multitudinaria de los médicos, apoyada por los ciudadanos de a pie, tuvo tal éxito en toda la provincia que de inmediato fue adoptada en todo el país. Los medios masivos de comunicación mostraron las marchas de autos, que sin romper la cuarentena expresaron el hartazgo. Como si esto fuera poco, en el mismo momento en que sucedían las protestas, los magistrados y el personal judicial de Córdoba recibían un aumento salarial dispuesto con anterioridad.
Esta última semana en Buenos Aires, en la zona norte del conurbano bonaerense, en la localidad de Villa Adelina, dos médicos de un centro de salud privado también fueron hostigados y detenidos por la justicia debido al fallecimiento de una paciente internada desde el mes de marzo. La paciente había ingresado por una patología previa y luego de su muerte se descubrió que además estaba infectada por coronavirus. Allí, se pidió por parte del juzgado la clausura del centro asistencial, que de concretarse dejaría en la calle a más de 200 trabajadores. Aquí, debe destacarse la diferencia de criterio, que parece utilizar la justicia entre distintas instituciones. Ante situaciones similares se dispone la clausura para cierto tipo de establecimiento y no para otro, como si el servicio que prestan no fuera de la misma naturaleza pública que tiene toda la atención médica del país. Un desconocimiento grave. Si ese fuera el criterio a seguir para todas las instituciones, la pregunta que habría que hacer en una situación como esta, es donde se atenderá la gente.
Las consecuencias de una escalada de conflictos provocados desde la justicia, en un contexto difícil como es una pandemia y con el personal que debe enfrentarla muy castigado y susceptible, no parece lo más adecuado en el momento que nos toca vivir. Nadie pide impunidad jurídica para este sector sanitario, aunque eso parezca funcionar para otro sector que no usa guardapolvo. A los médicos les toca cargar con el  problema más complejo y difícil que afronta la sociedad, luchar contra un enemigo invisible que provoca enfermedad y muerte, en condiciones precarias, en un terreno con escasos elementos tecnológicos y de protección personal disponibles, y con un juramento que hay que honrar hasta las últimas consecuencias.  No quieren aplausos. Piden respeto.

Dr. Jorge Coronel, presidente de la COMRA.
Dr. Jorge Iapichino, secretario de Hacienda de COMRA.