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Crisis: médicos españoles piden a la gente que no se enferme

Miércoles 28 Septiembre, 2011 en  Exterior

La región de Cataluña lleva a cabo un plan para reducir las cuentas públicas que incluye la suspensión hasta finales de año del pago a geriátricos y residencias de discapacitados.

(Infobae) Acuciada por el déficit, la región de Cataluña (noreste), uno de los motores económicos de España, lleva a cabo un “plan de choque” para reducir las cuentas públicas que incluye la suspensión hasta finales de año del pago a geriátricos y residencias de discapacitados.

Insistiendo en que se trata de una medida excepcional y temporal, la Consejería (ministerio) de Bienestar y Familia del gobierno catalán confirmó el miércoles que por falta de liquidez no podrá pagar durante uno o dos meses a los centros privados con los que tiene convenios.

Esta medida “responde a un plan de choque” presupuestario, explicó la portavoz de la consejería Susagna Caseras, sin poder precisar cuánto dinero supone.

Pero “que en este momento no haya liquidez no quiere decir que dentro de unos meses este problema no esté resulto”, afirmó, asegurando que se hará todo lo posible para pagar los retrasos antes de fin de año.

La medida afecta a geriátricos, centros de discapacitados, drogodependientes, salud mental y adicciones“, precisó Toni Codina, director de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, plataforma que reúne a 4.000 empresas, centros y asociaciones de la región.

No entendemos cómo el gobierno catalán en una situación de dificultades de tesorería focalizó estas medidas en un sector que es uno de los más vulnerables de la sociedad catalana“, agregó.

El portavoz del ejecutivo catalán de Convergència i Unió (CiU, nacionalistas conservadores), Francesc Homs, intentó desvincular esta nueva vuelta de tuerca de los fuertes recortes en salud que la región viene aplicando desde mediados de año para cumplir con sus objetivos de déficit.

“Es una cuestión de tesorería, yo no lo situaría en uno de los tijeretazos”, declaró a la radio pública española. “Tijeretazos los hay, no lo voy a negar, es evidente, es el resultado de la situación que tenemos. Pero en cualquier caso hay tensiones de tesorería“, agregó.

El gobierno de la Generalitat registró en el primer semestre de este año un déficit público (1,01% del PBI) que supera el objetivo marcado por el ejecutivo central (0,75%) para los gobiernos regionales.

La Generalitat se encuentra asimismo bajo la presión de los mercados. La agencia de calificación crediticia Fitch degradó recientemente de un peldaño la nota de su deuda (de “A” a “A-“), expresando preocupación por “el fuerte aumento de su endeudamiento” (38.530 millones de euros en el segundo trimestre de 2011).

En este contexto, el ejecutivo catalán se propuso recortar en 1.000 millones de euros el gasto público dedicado a la sanidad -el 10% del presupuesto del pasado ejercicio- y los ocho grandes hospitales del Instituto Catalán de Salud (ICS), están sufriendo las consecuencias.

Desde principios del verano, se cerraron servicios de urgencias nocturnos, quirófanos, centros de consulta y plantas enteras en varios hospitales, se redujeron las plantillas de los centros de sanidad y se recortó el sueldo de los médicos.

Para Joaquim Casanovas, gerente del ICS, “tener que cerrar quirófanos y operar menos no es una buena noticia“. Sin embargo es necesario como medida “para salvar una situación presupuestaria en 2011“, aseguró en declaraciones a la televisión pública catalana.

En un intento de calmar el creciente descontento social por estos tijeretazos, el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, anunció el martes, aunque sin muchas precisiones, que es favorable a la creación de un impuesto a la grandes fortunas del país.

El ejecutivo catalán aprobó asimismo el martes un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que limitará el déficit público de la región, una de las que más contribuye a la economía española (18,6% del PBI nacional en 2010). Cataluña se marcó así un techo de déficit del 0,14% de su PBI a partir de 2018, adelantándose en dos años al plazo fijado por el ejecutivo de Madrid.


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