Javier González, presidente de DOS -la obra social de la provincia de San Juan- participó como vocero del Consejo en la mesa debate “Perspectiva de implementación de nuevas tecnologías diagnósticas en Argentina”, junto a Miguel Ángel Schiavone, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, y a Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA).
“COSSPRA representa a 7.200.000 beneficiarios, con un presupuesto en gasto de 80 mil millones de pesos. Vemos con cierta preocupación que desde lo institucional no exista un análisis de costo beneficio y nosotros tenemos la obligatoriedad de llevar a cabo un sistema solidario de salud con fondos limitados. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿Les damos un poco a todos o todo a pocos? Este es el interrogante que nos hacemos todo los días, cómo dar cobertura y acceso en salud a nuestros beneficiarios sin poner en riesgo el presupuesto. Una de las respuestas está en hacer efectiva la evaluación de tecnología en salud”, sentenció Javier González, al comenzar su ponencia.
Frente al auditorio, compuesto por actores del sector de la salud, puso el foco en que “institucionalmente nos preocupa que desde el Congreso no estemos a la altura de la circunstancia y no podamos concretar la Agencia de Evaluación de Tecnología en Salud, la cual constituiría un punto de tracción. Sería poco deseable que la solución venga por decreto. Cada una de las Obras Sociales Provinciales (OSP) tendrá la posibilidad de sensibilizar a sus legisladores. Estas son las oportunidades en que si uno calla, se arrepiente”.
González, en representación del Consejo, fue contundente y planteó: “Vemos que hoy no están dadas todas las soluciones. Desde COSSPRA queremos plantear una alternativa: proponemos generar un espacio ad hoc para medir prestaciones puntuales y así darle al financiador la posibilidad de saber de qué estamos hablando, qué alternativas hay para poder llevar adelante un análisis más complejo”.
Y continuó: “Entendemos que hay elementos que distorsionan la realidad, muchas veces hay sobre prescripción y se materializa en una judicialización de la salud que pone en riesgo nuestro presupuesto. Desde las obra sociales solo podemos decidir si pagamos el primer día o al quinto de la sentencia judicial. Esta no garantiza si la calidad de vida está determinada, no hay una valoración económica, ni un costo/beneficio y no sabemos desde nuestro tablero de comando cuánto vamos a sacar de una patología para ponérselo a otra”.
Finalmente, cerró diciendo: “Como Consejo estamos convencidos que es un buen momento para convocar y generar este espacio, porque es un problema común a todos y de continuar así hará que nuestros presupuestos no alcancen. Por eso, si no podemos como sector alcanzar el ideal, representado por la Agencia de Evaluación, sí al menos debemos presentar una alternativa y esta es nuestra propuesta”.
Por parte de COSSPRA estuvieron presentes también el presidente de la organización y del IPS Salta, Martín Baccaro, y el interventor de la obra social de Tucumán, Fernando Avellaneda.