(BAE) El Ministerio de Agroindustria está elaborando un proyecto de ley para regular con pautas comunes el uso de agroquímicos en todo el país ante las inconsistencias que se imponen en provincias y municipios como es el caso de las aplicaciones áreas en el campo. El objetivo es que varios estamentos del Estado definan el correcto uso de los productos que se ven en la agricultura. La iniciativa tendrá un fuerte componente ambiental tal cual sostiene la Constitución.

Una Comisión formada por expertos tendrá el poder de definir las limitaciones para fumigar.

A partir de la consultas con fuentes que participan en el armado es que la iniciativa busca ponerle fin a los actuales criterios que se ven a nivel país sobre los metros a la hora de fumigar un campo.

Para esto se hará uso de la Comisión Nacional de Investigación creada por la resolución 21 de 2009 que está bajo la órbita del Ministerio de Salud. El mismo se originó tras las denuncias de intoxicación en el barrio Ituzaingó de la provincia de Córdoba, en donde hace poco la Corte Suprema de Justicia omitió pronunciarse en el juicio que se le sigue contra un productor y que terminó saliendo negativo al considerar que las fumigaciones como actividad se enmarcan dentro de la ley 24.051 de residuos peligros.

En esa línea el proyecto del Ejecutivo propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro y las cambia por las zonas de amortiguamiento.

En el primer caso no se puede aplicar ningún producto y el otro, se da curso a la aplicación del agroquímicos, pero con determinadas condiciones. Es este punto en donde la Comisión asume el poder de policía para dar el visto bueno.

El mismo sostienen en su artículo 3, que es función del organismo la de “delinear pautas para contribuir al uso racional de químicos y agroquímicos”. Pero también la de “desarrollar estrategias de atención para promover el uso racional de los productos o bien su eliminación”.

Es necesario que además del Estado, sean también las cámaras privadas las que hagan una fuerte autocrítica puertas adentro y concienticen al productor sobre el uso correcto de los agroquímicos. Las distintas campañas sobre las buenas prácticas agrícolas (BPA), no parece llegar con fuerza al campo y las consecuencias se pueden ver en los distintos casos que llegan a la justicia.

Por lo pronto, los lineamientos del futuro proyecto van por el lado de las limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo por debajo, no sin antes explicar el motivo por el cual una provincia cualquiera pide mayores metros de prohibición. En definitiva lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y/o productos agroquímicos.

Productores reclaman la emergencia
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) reclamó nuevamente la “aceleración” en las declaraciones de emergencia para aquellas localidades que hoy se encuentran afectadas por el agua.

La misiva tuvo como destino a Leonardo Sarquis, ministro de Agroindustria solicitándole que se emita los decretos para que el productor obtenga el certificado de emergencia necesario para prorrogar el pago de los impuestos y las deudas que muchos tienen con los bancos.

Además la entidad puso como ejemplo que hay zonas en donde hace 10 meses está pendiente la firma de las autoridades bonaerenses.