La fuerte depreciación arancelaria y el estado de permanente desfinanciamiento están ahogando al conjunto de las empresas prestadoras. Se viene alertando desde CA.DI.ME sobre el impacto negativo que soportan los prestadores independientes, dados los fuertes aumentos de sus costos operativos y de la presión fiscal, mientras sus ingresos dependen de valores arancelarios rígidos, definidos básicamente por los propios financiadores (obras sociales y prepagas).
Además, estos aranceles depreciados se cobran con 60, 90 y hasta 120 días de retraso, con quita de valores facturados sin ningún tipo de justificación operativa ni documental y en algunos casos a través de mecanismos de intermediación como las denominadas gerenciadoras.
Para la Cámara, política fiscal, aranceles, concentración económica, desregulación, integración pública – privada, regulación de la tecnología, etc. son algunos de los aspectos en los que deben desarrollarse ámbitos de concertación y formulación de políticas de Estado en Salud, orientadas a la consolidación de un sistema de salud más integrado, equitativo y de calidad.
“Estamos convencidos que es el Estado a través de la efectiva aplicación de la legislación vigente quien debe asumir su rol de arbitrar e impedir que las distorsiones derivadas de factores de poder coloquen en riesgo los servicios brindados por los miles de prestadores independientes pymes del país, trabajando para que todos los integrantes de la cadena de valor del sistema tengan su rentabilidad”, manifestó Guillermo Gomez Galizia Presidente de CA.DI.ME.
Es por ello que CA.DI.ME vuelve a solicitar la urgente implementación de medidas como la libre disponibilidad de saldos técnicos no computables de IVA; la baja de la Alícuota del Impuesto al Cheque, la eliminación del IVA para insumos esenciales para el funcionamiento de los prestadores, etc, pero acompañadas con otras que garanticen mejoras en los ingresos – recomposición arancelaria -, y no solo disminuyan sus costos.
Sin la determinación de aranceles prestacionales en base a costos de produccion – en el marco de la Ley 26.682-, la regulación de los plazos de pago y de la transferencia de los mayores fondos de los financiadores a sus prestadores, será imposible que estos puedan afrontar la fuerte suba de sus costos.