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En el Senado se desarrolló una jornada para analizar una reforma del proceso para internar a un paciente psiquiátrico

Martes 31 Mayo, 2022 en  Actualidad

A 11 años de la sanción de la ley de salud mental y adicciones, dos casos mediáticos ocurridos en la última semana reabrieron las críticas y la discusión sobre su aplicación en el país.

Marina Charpentier

(La Nación) A 11 años de la sanción de la ley de salud mental y adicciones, dos casos mediáticos ocurridos en la última semana reabrieron las críticas y la discusión sobre su aplicación en el país. Uno de ellos es el de Felipe Pettinato, que se encuentra internado luego del incendio en su departamento en el que murió un médico en circunstancias que todavía no se esclarecieron en la justicia; otro, el de Chano, que ingresó en la clínica Avril luego de tener un brote psicótico. Marina Charpentier, la madre del músico, participó esta tarde de una jornada en el Senado para impulsar un cambio en la legislación actual.

Fue un debate tenso que involucró a médicos, juristas y políticos, además de familiares de personas con adicciones y trastornos mentales que contaron sus testimonios de cómo viven con desesperación el día a día con situaciones que muchas veces terminan en suicidios y hechos de violencia. El principal reclamo de los últimos fue que se modifique con urgencia la ley para agilizar las internaciones psiquiátricas.

“Estoy acá porque soy la mamá de alguien enfermo con la enfermedad de la adicción. Hablo por cientos de madres que me piden que hable por ellas. No tengo un sábado de noche en paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé si cuando me levante mi hijo va a estar vivo”, contó Charpentier. La madre de Chano es trabajadora social especialista en adicciones y relató que la situación de su hijo se conoció por el episodio del año pasado en el que fue herido por un policía, pero que ella hace 20 años que convive con ese problema.

“¿Por qué nos tenemos que avergonzar de tener hijos con la enfermedad de la adicción? Tiene el síntoma del consumo, pero detrás hay una depresión. La ley no me ayudó. Tengo facilidades económicas que me permitieron pagar internaciones carísimas, pero esa no es la realidad del común de las madres. ¿En qué cabeza entra que una persona que consumió marihuana, paco o cocaína va a ir libremente a internarse?”, dijo en referencia al artículo 20 de la ley de salud mental actual, el más cuestionado por familiares y especialistas que abogan por un cambio en la legislación, que determina cuáles son los criterios para que se pueda avanzar con la internación contra la voluntad de los pacientes.

Charpentier repasó las dificultades para poder internar a su hijo las últimas semanas en las que el músico se encontraba aislado en un campo consumiendo. “Me daba pánico llamar otra vez a las ambulancias porque la última vez recibió un balazo. Mientras, recibía mensajes de mi hijo diciendo ‘No me mato por ustedes, pero no puedo más con esto’. Tuve que llamar otra vez al 911 y decir que mi hijo estaba con un brote psicótico como me aconsejó decir su psiquiatra”, relató. Después de recibir burlas del personal que la atendió en el 911 contó que pasaron ocho horas y no llegó ningún patrullero. “Los médicos para entrar decían que necesitaban una orden de allanamiento, y yo les insistía con que la puerta estaba abierta y aun así no entraron. Les pedí a los médicos ‘Pónganle un chaleco de fuerza, átenlo y llévenselo, porque no quiero tener que velar a mi hijo’”, dijo, y se quebró en su relato.

Otras voces

Previo a su testimonio habló Christian Molina Radio, médico psiquiatra, el expositor que más defendió que se cambie la ley actual. “Hay que tener una discusión científica sobre la ley. Llevamos 11 años, el problema no es de los profesionales que no queremos aplicarla. Es una cuestión de salud pública. Esta ley se discutió a libro cerrado. Muchos ven la definición de enfermedad mental como estigmatizante, pero nos avocamos a la definición que propuso la OMS. Estas cuestiones medicas las debe resolver el médico psiquiatra”, argumentó.

Retrucó su postura el psicólogo Ángel Barraco, quien fue asesor en la redacción de la ley vigente. “Es mentira que se sancionó a libro cerrado. Decir eso es cuestionar la inteligencia de los legisladores que llegaron a una unanimidad en ambas cámaras. Se quiere cargar en la ley la responsabilidad cuando en realidad hay una responsabilidad política del Poder Ejecutivo. Ninguno de los tres gobiernos que pasaron la pudo ejecutar. No se hizo ningún estudio epidemiológico serio para censar y determinar la afectación de la salud mental en la población argentina”, detalló. De acuerdo con el psicólogo, la ley se sancionó con la idea de la “desmanicomialización” de los pacientes. “Fuimos varios especialistas que nos tuvimos que poner de acuerdo para llevarla adelante”, dijo Barraco.

A su turno, Atilio Álvarez, defensor de menores e incapaces de la justicia nacional en lo civil, sostuvo que la aplicación de la ley apenas se sancionó fue difícil; defendió que se trata de una buena regulación, aunque también criticó el artículo 20. “Antes de su sanción veníamos de una época del peligrosismo, una figura en la que se hacía un juicio a futuro sobre el peligro de la persona para sí o terceros y llevaba a errores en la mayoría de los casos. Se trató de corregir con la figura del riesgo cierto o inminente, que acortó los tiempos, pero sigue siendo un juicio a futuro. Hay que revisar el artículo 20 y encontrar un equilibrio. No irnos de un extremo a otro. Espero que el Congreso no vuelva al peligrosismo”, consideró.

La convocatoria al encuentro fue realizada por la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y el senador Mario Fiad (UCR). La diputada presentó en octubre pasado un proyecto de modificación de la ley que todavía no fue tratado por las comisiones de salud del Congreso. “Hoy hubo muchos expositores que defendieron la ley, pero la realidad es que a 11 años de su sanción, sea por su reglamentación o implementación, no dio los resultados que se esperaban. Hay que definir qué significa una enfermedad mental. Hay que establecer el criterio de los equipos interdisciplinarios que intervienen y los requisitos de internación. Hay que jerarquizarlo, porque el único que puede saber si una persona está sufriendo un trastorno es el médico psiquiatra”, agregó. La diputada sostuvo que también es necesario cambiar la ley para poder capacitar a los familiares y al personal de seguridad.


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