(Redacción médica) La amenaza del corte de suministro de gas ruso ha puesto en alerta de la Unión Europea (UE), que se prepara para cualquier escenario de crisis de cara al próximo invierno. En ese marco se encuadra la presentación, este miércoles, del Plan de Invierno de la Comisión Europea. En él se insta a los países miembros a aumentar reservas, disminuir consumo, diversificar proveedores y firmar acuerdos de cooperación, además de blindar a los hospitales ante el desafío energético y los posibles cortes de suministro del gas natural por parte de Rusia, hasta ahora principal proveedor del viejo continente.

Según se refleja en el Plan de Invierno de la Comisión Europea, se establecen los principios y criterios para la reducción coordinada de la demanda dirigidos en particular a la protección de hogares y usuarios esenciales como hospitales. Además, el comunicado, en el que se establece un marco legal que los países tendrán que adaptar a sus normativas, arroja que se respaldarán industrias “decisivas” para las cadenas de suministro de la UE, la competitividad y el suministro de productos esenciales como los sanitarios y servicios a la economía.

España prioriza la protección de hospitales

Según explican fuentes parlamentarias a este periódico, este Plan de Invierno se basará en en los planes nacionales de emergencia existentes. A raíz de la puesta en marcha del Reglamento 2017/1938, que perfila un mecanismo de solidaridad y supervivencia en la Unión, los países se vieron obligados a elaborar un Plan Nacional de Emergencia. En el caso de España, cuenta con el Plan de Emergencia del Sistema Gasista de 2017, en el que se establece como prioridad la protección del suministro eléctrico a familias y hospitales.

Además, en este Plan de Emergencias se estipula en qué orden de preferencia se cortaría el gas a la industria, en caso de necesidad por motivos de fuerza mayor. No se sabe si este miércoles la Comisión emitirá recomendaciones para ‘salvar’, por ejemplo, a la industria farmacéutica por ser considerada cadena de valor prioritaria, añaden estas fuentes. No obstante, continúan, la última palabra “siempre va a recaer en los Estados miembros”.

Según apuntan, este Plan se elaboró en un contexto completamente distinto al actual, por lo que Europa podría instar a los Estados a rediseñar y actualizar sus guías.

Tal y como advierte la eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Susana Solís, hoy por hoy la UE cuenta con instrumentos que apelan directamente a la solidaridad en caso de emergencia energética, pero deja en manos de los diferentes países la concreción de acuerdos: El reglamento de 2017 obliga a tener un plan de prevención cuando se considere que los consumidores protegidos corren el peligro de quedarse sin suministro, pero se dejan algunos cabos sueltos: son los Estados los que deben poner números y acuerdos bilaterales dentro de este marco.