Cientos de farmacias de la provincia de Buenos Aires comenzaron a limitar la venta de medicamentos a los afiliados de obras sociales y prepagas debido a problemas financieros de larga data que se ven exacerbados por una tasa de inflación que se mueve bien por encima de los dos dígitos al mes. El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) aseguran que la inflación y la volatilidad de precios complicaron sus ventas con descuento porque reciben el pago por parte de las financiaadoras 60 y 90 días más tarde, un plazo que los comercios del sector buscan reducir mediante negociaciones.

En los hechos, las farmacias que se adhieren al llamado de las organizaciones que las nuclean están vendiendo medicamentos en forma particular, pero en muchos casos se niegan a hacerlo con el descuento o cobertura que corresponde a algunas obras sociales y prepagas.

“Desde el mes de agosto el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires ha enviado varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis que podría sufrir la atención de los farmacéuticos en todo el territorio bonaerense. Ese momento ya llegó”, explica un comunicado del colegio bonaerense distribuido en redes sociales.

En medio del problema hay un conflicto entre las empresas financiadoras de los servicios de salud privada -prepagas y obras sociales-, los prestadores -médicos, profesionales, centros de diagnóstico, sanatorios, etc.- y el Gobierno que regula las tarifas que pueden pagar las financiadoras. En un intento por moderar los aumentos, el Gobierno dosifica las subas que pueden aplicar a sus beneficiarios prepagas y obras sociales. A su vez, las financiadoras congelan las tarifas que pagan a las prestadoras ante la imposibilidad de subir sus ingresos y, por último, los prestadores buscan vías de ingresos extra para morigerar ese retraso en los ingresos. Todo esto se traduce en la proliferación de “copagos”, montos extra que cobran los prestadores a los afiliados, que las prepagas no reconocen (y buscan evitar reembolsar).

En Buenos Aires, donde hay aproximadamente 4.500 farmacias autorizadas, las entidades nacionales aseguran haber intentado sin éxito negociar con PAMI la reducción de los plazos de pago. Aunque PAMI está al día con los pagos, el desfase en los plazos continúa afectando la rentabilidad de las farmacias. Por su parte, IOMA no tiene deudas pendientes, pero según afirman los profesionales del sector realiza los pagos a 75 días de la liquidación, lo que puede resultar en un lapso de hasta tres meses desde la dispensación del medicamento hasta la recepción del pago. Y todo eso con 12 puntos porcentuales de inflación mensual, trabas a las importaciones y movimientos abruptos del dólar.

Las farmacias advierten que si no se resuelve la situación, podrían suspender el crédito a las obras sociales que mantengan deudas pendientes, lo que implicaría no entregar medicamentos a los afiliados de dichas entidades. “Como agentes sanitarios no dejaremos de prestar el servicio a los pacientes, pero ya no podemos brindarles los descuentos o la cobertura al 100% que ofrecen las prepagas y obras sociales”, agregó el comunicado del colegio de farmacéuticos.