Con el fin de impulsar en forma conjunta políticas e instrumentos necesarios para la mejora en el recupero de costos de los hospitales públicos a terceros pagaderos, el Ministerio de Salud de la Nación firmó hoy un convenio marco con la Superintendencia de Servicios de Salud y la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través del cual el sector público agilizará los mecanismos tendientes a cobrar las prestaciones que brinda a todas aquellas personas que se atienden en dichos establecimientos y cuentan con un seguro contra terceros.

El acuerdo fue rubricado por el titular de la cartera sanitaria, Juan Manzur; la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, y el Superintendente de Seguros de la Nación, Juan Antonio Bontempo. La firma tuvo lugar en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno, durante un acto presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, y que contó con la presencia de los ministros de Salud de todas las provincias, quienes esta mañana participaron de la última reunión del año del Consejo Federal de Salud (COFESA).

El convenio estipula la necesidad de generar mecanismos en virtud de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil –instituido por la Ley de Tránsito N° 24.449– para recuperar los gastos del sector público producto de la atención a personas que hayan sufrido accidentes de tránsito, dado que las lesiones y fallecimientos producto de este tipo de eventos tienen una alta prevalencia.

“Esta es una iniciativa loable, ya que los accidentes viales son una de las principales causas de muerte por la gran proliferación de problemas de tránsito que hay en nuestro país –explicó Capitanich–, lo que genera un abarrotamiento en los hospitales públicos, en particular, por la internación de pacientes que han sido víctimas de siniestros con motocicletas, lo cual tiene un costo sanitario muy alto”, expresó el funcionario.

En ese sentido, si bien la gratuidad del servicio está garantizada, “es necesario generar un mecanismo de recupero automático de la atención de un paciente que beneficie a los hospitales públicos”, aseguró el Jefe de Gabinete, quien destacó que el costo promedio por paciente internado hoy varía entre 10 mil y 15 mil pesos. “Esos fondos pueden volcarse en equipamiento hospitalario e incentivos para el personal”, dijo el funcionario.

Por su parte, el ministro Manzur sostuvo que “fue a pedido del jefe de Gabinete, cuando era Gobernador de Chaco, que avanzamos en esta iniciativa de recupero de costos a partir de pacientes traumatizados por accidentes automovilísticos, junto con las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Servicios de Salud”, al tiempo que afirmó que “el hospital en la Argentina es público y gratuito, todos los ciudadanos que deban atenderse son bienvenidos, pero queremos poner énfasis en la recuperación de costos de pacientes que ingresan y tienen algún tipo de cobertura”.

En ese orden, Manzur recordó que “venimos trabajando con las obras sociales y  prepagas y ahora se suma la Superintendecia de Seguros de la Nación”, y añadió que “de esta forma se buscan evitar subsidios cruzados, por lo que si el paciente tiene cobertura, ésta tendrá que pagarle al hospital lo que corresponde”, aseveró el ministro.

Respecto a la competencia de las provincias, el funcionario indicó que “cada Ministerio de Salud, a través de decretos o resoluciones, podrán adherir a este convenio marco para agilizar la gestión ante la aseguradora o ante la Superintendencia de Seguros para el recupero de costos del hospital”.

En nuestro país, en la mayoría de los casos los establecimientos hospitalarios públicos constituyen la puerta de entrada al sistema de salud, fundamentalmente en la atención y resolución de problemas críticos, garantizando en la práctica la atención de las lesiones de tránsito en forma total o en los primeros cuidados tras producirse el incidente vial.

Tanto los hospitales públicos como los centros de salud garantizan en el territorio nacional la atención a todos los ciudadanos que lo requieran, sin diferenciación del tipo de cobertura que posean, y por eso surge la necesidad de fortalecer las políticas que disminuyan la brecha de los subsidios cruzados existentes entre los actores del sector Salud.

Para tal fin, las partes firmantes del convenio promoverán espacios de difusión de derechos; desarrollarán actividades de formación y capacitación que permitan extender y multiplicar las actividades de debate e información sobre el tema; brindarán permanente asistencia técnica e intercambiarán información referida a denuncias y reclamos para el tratamiento por el organismo especializado en la materia que corresponda.