(Infobae) “El objeto de estas sesiones es modificar la Ley de Salud Mental”, dice Marcela Campagnoli, diputada nacional (Coalición Cívica), en charla con Infobae y en referencia a las jornadas que está organizando junto con el senador Mario Fiad (UCR, Jujuy), con la participación tanto de defensores como de críticos de la Ley 26.657, promulgada en 2010.

Una sucesión de casos de impacto público protagonizados por pacientes psiquiátricos o por adictos a las drogas pusieron en evidencia las falencias de una ley inspirada en una corriente ideológica que descree de la psiquiatría y llega a asimilar los tratamientos y la medicación al maltrato y la tortura. Y, en palabras de Campagnoli, “define a la salud mental como una construcción social”.

La muerte del policía Juan Roldán, apuñalado por un paciente esquizofrénico, el caso de Pity Álvarez, preso por haber asesinado a un vecino, la muerte en circunstancias todavía no esclarecidas de un amigo de Felipe Pettinato en un incendio en su departamento y la herida de bala recibida por Chano Charpentier en circunstancias en que se negaba a ser internado, entre otros casos, son episodios dramáticos que amplificaron por fin las críticas que tanto asociaciones de psiquiatras como familiares de pacientes venían realizando a una norma que, aseguran, desprotege al enfermo psiquiátrico.

Hoy al mediodía, familiares de pacientes de todo el país se congregarán en la Plaza de los dos Congresos para pedir a los legisladores una modificación de la Ley de Salud Mental y la elaboración de una norma específica para el tratamiento de las adicciones. Según un comunicado enviado a los medios, la convocatoria la hicieron Stella Maurig y Marina Charpentier, que abogan por un cambio en la norma que, según el comunicado de prensa, “permita a los familiares realizar las internaciones correspondientes en tiempo y forma y que los pacientes puedan acceder a los tratamientos en institutos especializados y no en hospitales generales”.

Cabe señalar que la Ley promulgada hace 12 años está inspirada en un espíritu antipsiquiátrico y en consecuencia dispone, entre otras cosas, el cierre de lo que llama “monovalentes”, es decir, de hospitales y clínicas psiquiátricas, postula que la internación debe hacerse con el consentimiento del paciente y pone tantas trabas a la internación involuntaria que la vuelve casi imposible.

Además, estigmatiza a la psiquiatría, al plantear que la medicación no debe aplicarse como “castigo” (sic) y que el paciente no debe ser sometido a “trabajos forzados” (sic).

“Ya no podemos seguir esperando, porque en la espera se mueren nuestros hijos, o están presos chicos que tendrían que estar en tratamiento, y no encarcelados, porque son enfermos, no delincuentes. Si no se hace algo ya, hay solo tres caminos posibles, la cárcel, el hospital o el cementerio”, dice Stella Maurig, que perdió a su hijo después de años de luchar contra una adicción y a quien no pudo internar en tiempo y forma y terminó quitándose la vida. Tenía 31 años.

“Esta #lamadremarcha es para mostrarles a los gobernantes y a la sociedad que nos sentimos solas y necesitamos ayuda. No se puede ignorar el sufrimiento de tanta gente”, dijo por su parte Marina Charpentier.

Ambas madres entregarán un petitorio a la diputada Mónica Fein, que preside la Comisión de Salud.

También participará la diputada Marcela Campagnoli quien se refirió a las limitaciones que tiene una Ley que no garantiza el derecho de las personas a la salud mental.

— ¿Cómo surge esta iniciativa de debates públicos sobre la Ley de Salud Mental?

— Esto surge el año pasado a raíz del crimen del policía (Roldán) por un enfermo mental, y luego por el caso de Chano. Empecé a consultar con especialistas, con psiquiatras, psicólogos, administradores de institutos psiquiátricos. Todos tenían miradas muy adversas. También recibimos testimonios de familiares y es desagarrador escucharlos. Por todo ello presentamos un proyecto modificatorio de la ley, en octubre de 2021. Pero nunca se movió. Fue por eso que, con el senador Fiad, decidimos convocar estas jornadas para visibilizar el problema. para debatir. No digo que mi proyecto sea el ideal pero está claro que la Ley actual, por lo que dicen especialistas y familiares, no dio los resultados esperados y hay un montón de personas que se sienten abandonadas por el Estado.

— El caso Charpentier fue un punto de inflexión, no sólo por la gravedad de lo ocurrido sino por el compromiso de su madre con esta problemática.

— Lo ocurrido con Chano Charpentier es muy triste pero Dios quiso que pasara en la misma semana que estaba programada la segunda jornada y la exposición de su mamá en el Congreso, porque yo con Marina Charpentier vengo hablando desde hace mucho tiempo, pero ese hecho le dio una proyección tremenda y me han llamado de infinidad de lugares para que vaya a hablar. Yo no soy médica, sólo puedo hablar de los aspectos técnicos de la Ley que creo que hay que cambiar. Son numerosísimos los psiquiatras que solicitan que se modifique la ley. También vinieron a verme los miembros de la Asociación de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia y familiares de personas con adicción a las drogas. Claro que también recibí cartas de gente y de asociaciones que defienden la ley.

— ¿Todo eso fue lo que la llevó a generar estos debates?

— Sí, hablé con Mónica Fein, presidente de la Comisión de Salud, y le dije que, así como se hizo con el aborto, correspondía abrir un debate público sobre esta ley. La ley pone a los psiquiatras como meros colaboradores. Cuando uno se va a operar, hay un equipo quirúrgico integrado por un anestesista, una instrumentadora, un clínico, pero el que manda en el quirófano es el cirujano. En el equipo interdisciplinario que prevé la Ley de Salud Mental hay asistentes sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos y psiquiatras, pero la Ley equipara al psiquiatra con el terapista ocupacional o con la asistente social. Y el psiquiatra es el único que puede medicar, diagnosticar y demás. Si un medicamento le disparó una paranoia a una persona, quien se puede dar cuenta de lo que está pasando es el psiquiatra y es el único que puede definir el tratamiento a seguir.

— Aunque cueste creerlo, la Ley instala la sospecha sobre el psiquiatra, porque dice por ejemplo que la medicación no debe ser suministrada como castigo…..o sea que supone que se medica para castigar…

— Es tan ideológica esta ley… Por ejemplo, el artículo 3° dice que el estado de salud mental es una construcción social, política, vinculada a la historia, a la economía… cuando el estado de salud mental es la capacidad de una persona de decidir por sí misma. Y un paciente mental es aquel que no tiene esa capacidad para decidir autónomamente. Pero para evitar estigmatizar se termina por no definir y en consecuencia no se puede encarar el problema. Lo mismo pasa con la posibilidad de internar involuntariamente. Una persona que está tomada por las drogas o que sufre bipolaridad o se encuentra atravesando un brote psicótico no puede decidir por sí misma si quiere internarse o no. Obviamente va a decir que no.

— Aun antes de llegar a la instancia de la internación, medicarse ya suele ser un problema para estos pacientes y para ello suelen necesitar acompañamiento y control…

— Se me caían las lágrimas escuchando a los padres de pacientes esquizofrénicos. Cuando llaman a la ambulancia, les dicen “tráigalo ustedes”. ¿Tienen idea de lo que es trasladar a un paciente con un brote psicótico? Entonces, con esta prohibición de internar contra la voluntad de los pacientes, los psiquiatras quedan ante la disyuntiva de ser acusados de abandono de persona o de privación ilegal de la libertad. Se postula que los pacientes mentales tienen que estar internados en el hospital general, porque la ley dispone que se deben cerrar todos los institutos monovalentes, que no se pueden crear nuevos. Con fecha 2020 debían cerrar todos.

— Eso es tan irreal, tan delirante, que no se cumplió, ni ellos pueden hacer cumplir la ley que promovieron.

— Lo delirante es que se prohíbe internar a una persona en un instituto psiquiátrico, donde puede salir al aire libre, porque necesita verde, necesita oxigenarse, circular, pero se pretende que se lo haga en un hospital general donde la gente está en cama. No se puede poner a una persona que tiene un brote psicótico al lado de un infartado. Es increíble que, en el afán de querer promover la libertad, terminan poniendo en riesgo la vida de esos enfermos. Terminan, como ya pasó, tirándose por la ventana en un hospital general. [N. de la R: en referencia a un hecho ocurrido en el hospital Posadas, donde un paciente psiquiátrico se arrojó desde un 5° piso, arrastrando consigo a un camillero y ambos murieron].

— Sí, pero la ley establecía que un 10% del presupuesto de salud debe ir a salud mental para que se creen esos dispositivos intermedios y que los hospitales generales tengan a dónde derivar a los pacientes, pero nada se hizo, nada. El presupuesto llegó apenas a 1,5 %.

— ¿Quiénes participan de los debates?

— A los debates en el Senado, invitamos a las dos partes, a los cuestionan y a los que defienden la ley. Por ejemplo participó el defensor de Incapaces, Atilio Álvarez, y Ángel Barraco, de la Universidad de las Madres, y uno de los impulsores de la ley

— Eso me recuerda lo insólito de que el órgano revisor de la Ley también esté integrado por organismos de derechos humanos…

— Es increíble que una ley defina cuál debe ser el tratamiento que corresponde o no dar a un paciente, como lo hace esta norma. También estuvo Christian Molina, que es un psiquiatra de Santa Cruz, la madre de Chano, entre otros. Eran tres y tres, tres a favor y tres en contra. La próxima sesión tendrá lugar el lunes 4 de julio. Lo interesante es cuando el público pregunta Son sesiones públicas Stella Maurig, que es madre de un drogadicto, dijo que con la ley anterior pudo internar dos veces a su hijo con becas del Sedronar y que desde que entró en vigencia esta ley no lo pudo internar más. Otra madre contó que su hijo se había ahorcado. Otros familiares contaban que llegan al extremo de preferir hacer arrestar a sus hijos porque así por lo menos evitaban que se mataran. A eso estamos empujando. Y con este cierre de monovalentes, se empuja a la gente que está desesperada porque no sabe dónde poner a su hijos a que compren espejitos de colores, como pasó con la comunidad San Fernando, donde murieron 4 internos este año, no estaba habilitada, no tenía controles. Pululan esos centros que nadie habilita, nadie controla y los familiares en su desesperación llevan a sus hijos a cualquier lado porque no los pueden controlar

— ¿Qué otras cuestiones habría que cambiar?

— Hay que capacitar a las fuerzas de seguridad para que sepan cómo actuar en estos casos. Además hay que hacer más prevención contra la droga en las escuelas. Así como la ESI permitió detectar abusos, la prevención puede servir para contrarrestar el romanticismo que hay en torno a la marihuana, a la que se presenta como inocua. Pero hoy se sabe que la marihuana tiene efecto en el cerebro y hasta puede disparar la esquizofrenia.