(El Cronista Comercial) Hugo Magonza es el director del Cemic y presidente de Acami. Licenciado en Administración y fanático de San Lorenzo, con el tiempo, se convirtió en una de las voces más escuchadas del negocio de la medicina privada, uno de los segmentos en los que interviene el Gobierno.

Lleva adelante la doble función de “empresa de medicina privada” y “prestador” de estas firmas, por lo que conoce el negocio desde distintos lados.

– En el sector se habla sobre una complejidad para tomar afiliados. ¿A qué se debe esto?

– -Se trata de evitar la afiliación adversa para las empresas, con las diferentes aristas que le permite la ley, como el cobro de un diferencial según edad o patologías preexistentes. Esto tiene una complejidad porque se puede hacer, pero con una autorización de la Superintendencia de Salud, y esta autorización puede llegar tarde o decir que se lo tome a cuota plana. Se hace muy difícil.

– Algunos entienden que de este modo se sustituyen obligaciones del Estado

–- Coincido. Lo que termina ocurriendo es que el sector privado suple la responsabilidad del Estado en cuanto a la salud de las personas. La gente tiene derecho a la salud constitucionalmente, y eso debe ser ejercido por el Estado y no por las empresas. Esto no quiere decir que la actividad no debe estar regulada; debe estarlo porque tiene que funcionar correctamente pero dentro de los cánones de cualquier contrato entre personas. Estas regulaciones ya están dadas por los contratos. Desde el momento en que intervino el Estado a través de la ley, y define que se le debe dar una cobertura más allá de la pautada, desequilibró el contrato.

– ¿Y cuál sería una salida?

– -Modelos híbridos donde la gente pueda contratar los servicios que quiere y hacer opción de su derecho a atenderse en el sistema público, en caso de que no quiera o pueda pagar. Cuando uno le exige a la gente que pague por el 100% de su cobertura le restringe su propio derecho, en este caso de atenderse en el sistema público, para luego elegir si quiere complementarlo con el privado. Obligarlo a pagar el 100% no es un beneficio sino un perjuicio.

– En los últimos años se remarcó sobre temas relacionados con la salud privada, como el avance de las cuotas. ¿Esto tiene que ver justamente con el resentimiento de la salud pública?

– -Es que se transfirió esa responsabilidad a las entidades de cobertura médica privadas, incluidas las obras sociales. Se hace mucho hincapié en el tema de los precios, por ejemplo, pero las cuotas fueron aumentando en virtud de los mayores costos y de las coberturas que fueron agregadas. Uno de los conceptos erróneos es suponer que cuando uno le transfiere la cobertura de una nueva patología a su cobertura médica eso lo paga la obra social o la prepaga. Eso lo pagan los beneficiarios con su cuota. Si uno incorpora el tratamiento contra la obesidad, por ejemplo, eso va a la canasta del gasto, que se prorratea entre el resto.

– ¿Molesta que el Estado se meta tan de lleno en la estructura de costos de las empresas?

– -Lo que no está bien es que el Estado regule precios, y esto es a nivel general. La competencia debe provocar que la gente pueda optar y que al tener una opción de calidad en el sistema público nadie se sienta cautivo. Meterse en la estructura de costos no da resultado.

– ¿Es por todo esto que se da un achicamiento del sector?

– -Las empresas hacen ajustes y atacan el gasto; algunas veces lo hacen bajando eficiencia, confort y calidad. Si no hubiera sido por la desregulación y la incorporación de los monotributistas hubiera caído. Hoy el mercado funciona bien gracias al aporte tercerizado; sin esto, y con las nuevas reglas, posiblemente no hubiera sobrevivido.

– ¿Hay empresas que están desapareciendo?

– -Tanto el segmento de las prepagas como el de los prestadores el mercado se está reduciendo. Las empresas chicas se fusionan o se venden. Previo al sistema de regulación este proceso se daba, aunque de forma lenta, y tras la aprobación se comenzó a acelerar.