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SEMINARIO SOBRE POLÍTICAS DE SALUD. “SALUD PARA TODOS. UNA NECESIDAD, UN DESAFÍO”
A desarrollarse el jueves 11 de Agosto en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, sita en Av. Gral. Las Heras 3092, Ciudad de Buenos Aires.

Habrá dos importantes conferencias brindadas por el Ministro de Salud de la Nación Dr Jorge Lemus y por el Superintendente de Servicios de Salud Luis Scervino.
El Dr. Lemus hablará sobre el Plan Nacional de Salud y el Dr. Scervino hará un análisis de situación de la seguridad social y la medicina privada.

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Av. L. N. Alem 1067 Piso 12 CABA. Tel. 0810-333-3673. Lunes a Viernes de 12 a 19 hs.

INSCRIPCIÓN LIBRE
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La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto sobre muerte digna

Jueves 10 Mayo, 2012 en  Actualidad

La iniciativa reconoce el derecho de pacientes a aceptar o rechazar terapias con o sin expresión de causa. Establece que “ningún profesional que haya obrado de acuerdo a disposiciones de la ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa”.

La Cámara de Senadores convirtió este miércoles en Ley el proyecto sobre “muerte digna” que les reconocerá a pacientes y familiares el derecho a limitar los esfuerzos médicos terapéuticos en casos de enfermedades terminales o irreversibles.

De acuerdo a esta iniciativa, el paciente

“tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.
Los menores de edad también “tienen derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud”.

 

La norma establece que se podrá dar “muerte digna” a aquel paciente que presente “una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación”.

Esto significa que “tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”.

El paciente, resalta la ley, tendrá que ser “informado en forma fehaciente” acerca de su estado de salud y los posibles tratamientos y resultados.

El profesional interviniente, en este sentido, deberá brindar “información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud; y el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estadio terminal” entre otras cosas.

El paciente, en tanto, deberá declarar su voluntad. “En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas (familiares presentes) en el artículo 21 de la ley 24.193 (Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos), con los requisitos y con en el orden de prelación allí establecido”.

Sin embargo, se deberá intentar que “el paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario”.

La iniciativa, además, habilita a que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud”.

Las directivas, dice la ley, “deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante Escribano Público o Juzgados de Primera Instancia, para lo cual se requerirá de la presencia de dos testigos”.

Fija que “la decisión del paciente, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica”.

La negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados, aclara la ley, “no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente”.

En cuanto a los profesionales, la norma establece que  “ningún profesional que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del estricto cumplimiento de la misma”.


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