El Congreso de los Diputados de España prevé convalidar mañana el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros en sanidad.

El Pleno de la Cámara Baja del Parlamento, donde el gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) tiene mayoría absoluta, deberá votar, además, su tramitación como proyecto legislativo, ya que, al menos los diputados opositores del grupo socialista e Izquierda Plural quieren que sea así, según fuentes parlamentarias.

La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, pretende, según el Gobierno, garantizar la “universalidad” de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los “abusos” en sus prestaciones.

Oposición, sindicatos y organizaciones sociales se oponen a la reforma al considerar que se trata de un cambio del modelo sanitario y que pone en riesgo la salud de los colectivos más vulnerables, como ancianos e inmigrantes.

El decreto fija la nueva aportación del ciudadano -incluidos los pensionistas- en el pago de los fármacos.

Este “copago” será proporcional a la renta y se actualizará como máximo anualmente.

Así, los usuarios empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio y, además, tendrán que abonar parte de los productos ortoprotésicos y dietéticos, así como el transporte sanitario no urgente.

A los inmigrantes en situación irregular se les retirará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre, y solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español.

Ante las críticas que ha suscitado esta medida, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha insistido en que la asistencia está garantizada para aquellos inmigrantes que tienen sida o cáncer.

Los pensionistas pagarán, con carácter general el 10% de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales.

Los usuarios con un nivel renta por encima de 18.000 euros (22.860 dólares) pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos con más de 100.000 euros (127.000 dólares) pagarán el 60%.

La norma sienta las bases para establecer una cartera de servicios común para todas las regiones españolas, que serán gratuitos, mientras que se acordará una cartera suplementaria, sujeta a “copago”.

Quedan excluidos de la financiación pública algunos medicamentos como los que están indicados “en el tratamiento de síntomas menores”, aquellos que estén por debajo de un precio determinado y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta.

La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología, el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las medidas del decreto.