(La Nación) Hace dos semanas, un enfermero del hospital Piñero terminó su turno y caminó por la avenida Varela, en el Bajo Flores. Había pasado apenas media hora de un intercambio de palabras con un hombre en uno de los consultorios de vacunación. “Ya vas a saber quién soy”, lo amenazó después de exigir que lo atendieran, aunque el horario había terminado a las 16. Podía ir a otro consultorio, a pocos metros, pero el hombre prefirió irse porque había muchos pacientes esperando.

Mientras avanzaba por Varela, el enfermero José Pacheco se dio cuenta justo a tiempo de que un auto lo iba a atropellar. El conductor era la misma persona con la que había discutido. Enfurecido, el hombre se bajó del auto y lo golpeó hasta provocarle un traumatismo de cráneo.

En los últimos años, las agresiones contra el personal de la salud aumentaron. Varias medidas, incluidas la instalación de cámaras y rejas y la presencia de personal de vigilancia extra, permitieron evitar algunos ataques físicos, pero las amenazas y los insultos no ceden.

“La violencia que sufren los profesionales de la salud es habitual, fundamentalmente en las guardias hospitalarias y en las ambulancias. Su vulnerabilidad es alarmante”, argumenta la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM) en un proyecto de ley que acaba de redactar.

El texto propone incorporar al Código Penal un delito: ataques a espacios públicos y privados para la atención de la salud pública. La iniciativa también persigue que la agresión sea un agravante del delito de lesiones, como ocurre con los policías.

En 2010 y 2011, la AMM denunció 100 casos de violencia física cada año. Una línea 0800 entre la entidad y el Ministerio de Seguridad porteño, un paro y un protocolo disminuyeron a 60 las denuncias en 2012 y a 50 al año siguiente. La adaptación de esas medidas a cada hospital redujo a 40 las denuncias en 2014 y 2015.

En estos cinco años, la revista de la AMM, Mundo Hospitalario, incluyó 28 artículos sobre violencia.

En la provincia, comenzará una prueba piloto en 31 hospitales para reducir los ataques. Incluye el uso de botones antipánico, cámaras y refuerzo en las puertas. También se creará la Policía Sanitaria. “Los hechos de violencia están en aumento”, indicó la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz.

La prueba integra un programa más ambicioso: cambiar la cultura laboral en los hospitales. En el período 2014-2015, en la provincia se denunciaron 185 casos tanto de conflicto laboral como de violencia.

Alejandro Risso Vázquez, coordinador médico de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, afirmó que trabajar en las ambulancias, los servicios de emergencia y en las áreas de cuidados críticos es “un factor de riesgo” de una agresión física o verbal. “Que la prevalencia de agresiones sea de 50% en nuestro país describe el creciente flagelo que vivimos los médicos -dijo a LA NACION-. No es sólo en el sector público, sino también en el privado. Día tras día, la violencia contra el personal de la salud está determinada por el ámbito de trabajo. Se denuncia más y se hacen evidentes las denuncias.”

En la provincia, los insultos, los golpes y el uso de armas en las guardias “afectaron a numerosos profesionales y usuarios del sistema de salud”, indicaron desde el Ministerio de Salud. Las causas van desde la demora en la atención, la escasez de recursos humanos y las roturas de equipos para los estudios hasta la falta de una cultura del buen trato y el estrés crónico al que está expuesta gran parte del personal.

En el Piñero, donde atacaron al enfermero, los insultos y las amenazas son cotidianos. “Uno no termina de acostumbrarse. Antes, era venir al hospital a pedir ayuda y agradecer. Ahora, es para exigir y reaccionar mal”, dijo Cosme Pagano, director del hospital de Flores.

El presidente de la AMM, Jorge Gilardi, dijo que lo que comenzó hace algunos años en hospitales como Piñero, Penna, Santojanni y Argerich, además de algunos centros de atención primaria de la zona sur, se generalizó hasta afectar no sólo al personal de la salud. En una sala del primer piso de la entidad, con el proyecto de ley terminado, explicó que hubo “un enlentecimiento en el sistema de atención” de los pacientes.

“Cuando un equipo va a vacunar a un barrio carenciado y lo asaltan, cuando una ambulancia demora media hora porque debe esperar un móvil policial, cuando en pleno centro le pegan un palazo en la cabeza al profesional que baja de la ambulancia se deteriora la asistencia pública -dijo-. Esto lleva a la medicina defensiva.”

Vadim Mischanchuk, abogado de la AMM, coordinó la redacción del proyecto que propone que la pena de prisión del artículo 188 del Código Penal, en su capítulo sobre los delitos contra la seguridad pública, alcance también a “quien ataque hospitales, sanatorios o cualquier otro centro de salud, ya sea al dañar instalaciones, impedir el funcionamiento normal o poner en peligro la integridad de quienes estén en el lugar”.El texto también plantea que agredir a profesionales de la salud “en cumplimiento de sus funciones” sea un agravante del delito de lesiones.

“La sanción tiene una finalidad, además de disuadir que se repita una conducta: que la gente sepa que entrar a un hospital y cometer un hecho vandálico no es gratuito. Como sabe que no puede entrar a un banco a robar, tampoco puede ingresar a un hospital a hacer lo que quiera. No porque sólo afecta la moral y la psiquis del personal, sino también porque altera el normal funcionamiento de la atención”, indicó Mischanchuk.

Tareas comunitarias, multas, reparar daños y disculpas públicas por acta fueron las sanciones que ya recibieron algunos de los agresores. “La salud pública es una política de Estado. Si una ambulancia en el conurbano no puede salir de noche a asistir a un paciente, es un argentino privado de recibir atención”, finalizó Girardi.