Así lo declaró la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) en un comunicado que remitió al ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Claudio Moroni, y a las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA). “Sin una debida actualización de los aranceles de las prestaciones por parte de los financiadores, el sector prestador no podrá afrontar la discusión paritaria correspondiente al 2021”.

Además indicaron que “para poder garantizar un incremento salarial de los trabajadores de la salud, la FAPS reclama a los financiadores públicos y privados (Obras Sociales, empresas de Medicina Prepaga, PAMI) que se actualicen los aranceles de las prestaciones atrasados correspondientes al 2020 y lo acumulado al primer semestre de 2021, tanto como la continuidad de las medidas de ayuda para el sector implementadas por el Gobierno nacional hasta tanto dure la pandemia”.

La FAPS presentó un extenso documento al ministro Moroni donde detalla la grave situación económica generada por los aumentos de los costos laborales y de insumos relacionados con la pandemia, como así también en una caída general del 30% en la cantidad de pacientes atendidos mensualmente en prácticas ambulatorias o en patologías no COVID (en el caso de internaciones), como consecuencia natural de las restricciones implementadas y de los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias.

El sector prestador depende de los ingresos que los financiadores públicos y privados le reconocen por las prestaciones que brindan. Esos ingresos se encuentran vinculados a medidas normativas adoptadas por las distintas instituciones del Estado que intervienen en dicha resolución. Por lo tanto, sin la actualización de los aranceles en función de los aumentos de costos relevados, el sector prestador no puede garantizar el cumplimiento de futuros acuerdos salariales. “Es una realidad innegable que debemos actualizar los ingresos de los trabajadores de la salud. Pero también es innegable que, si firmamos una paritaria en estas condiciones, al día siguiente ninguna empresa podrá cumplirla porque ya muchos ni siquiera pueden cubrir los costos”, detallaron desde la FAPS.

“Los prestadores somos un eslabón central en la cadena del sistema de salud. Una clínica, un geriátrico, un laboratorio de imágenes o una empresa de emergencias médicas prestan servicios de salud a pacientes de Obras Sociales, empresas de Medicina Prepaga y/o el PAMI. Desde el inicio de la pandemia, los costos aumentaron por encima de los valores que los financiadores pagan por la atención de los pacientes. Si bien el gobierno implementó distintas medidas de apoyo al sector, lamentablemente no son suficientes para enfrentar los costos que no dejan de aumentar. Hoy estamos entre la espada y la pared, ante la necesidad de actualizar los sueldos de nuestros trabajadores, con aumentos de medicamentos muy por encima de la inflación, pero sin aumento de los ingresos que nos permitan afrontar esos costos”, explicó José Sánchez, presidente de FAPS.

Precios de insumos y medicamentos

Desde la Federación de Prestadores explicaron también que es particularmente crítico el gasto en medicamentos por COVID-19, tanto así que “llegó a revertir la estructura de costos de un sanatorio: lo que era 74% costo laboral y 26% costo no laboral, ahora es 52% costo laboral y 48% costo no laboral, actualizando anualmente los salarios acorde con la inflación”.

Desde FAPS detallaron que, por ejemplo, “un día de terapia intensiva de un paciente COVID respirado tiene un costo de alrededor de 100 mil pesos diarios para una clínica mientras que, en promedio, los financiadores -con todos los módulos COVID incluidos- abonan un arancel que no supera los 55 mil pesos. Esta diferencia puede agravarse dependiendo el financiador, pero está claro que, con estos números, ninguna clínica puede subsistir mucho más tiempo”.

En relación con otras prestaciones, la atención de una emergencia médica con riesgo de vida en una ambulancia tiene un costo actual de 15 mil pesos, mientras que los financiadores abonan un promedio de 8 mil pesos. Por su parte, un residente geriátrico tiene un costo mínimo mensual a abril 2021 de $66 mil pesos mensuales, pero las residencias geriátricas reciben $49500 por parte del PAMI.

Paralelamente, los representantes de la FAPS volvieron a reclamar -como lo vienen haciendo desde hace años- por un sistema de actualización de aranceles periódico y automático en función de las variaciones inflacionarias, además de una reforma impositiva de fondo que le permita al sector contar con las condiciones necesarias de sustentabilidad y crecimiento.