“Las políticas de salud son uno de los componentes principales de las políticas sociales impulsadas por las tres últimas administraciones de gobierno y una de las áreas priorizadas en materia presupuestal”, indica el documento. Añade que “la reforma estructural de la salud, iniciada hace 10 años, logró cambiar el modelo de atención asistencialista prevaleciente con anterioridad, universalizar el acceso y promover mayores niveles de equidad, tanto en el gasto por beneficiario como en su financiamiento”.

Los fondos públicos provenientes de Rentas Generales para el financiamiento del gasto en salud y los aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) alcanzaron en 2018 al 6,8 % del PIB. Esto implica un aumento de los recursos públicos destinados a la salud del 0,8 % del PIB respecto de 2014, producto de la entrada de los últimos colectivos de pasivos al sistema.

El aumento del gasto público en salud elevó su participación en relación al gasto total en salud. Mientras que en 2004 el financiamiento público en Uruguay se situaba en torno al 50 %, en la actualidad se encuentra en torno al 70 % y se aproximó a los niveles registrados para el promedio de los países altamente industrializados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se ubican en el 72 %.

Al analizar el crecimiento del gasto público destinado a salud, se destaca, en primer lugar, el incremento de los recursos asignados a la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Salud, que se multiplicaron por cinco en términos reales en el período considerado. El aumento deriva de la expansión del número de personas con cobertura del sistema, 2,5 millones de beneficiarios en diciembre de 2018, que es financiado a través del Fonasa.

Por otra parte, se distingue el crecimiento en los fondos asignados a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que prácticamente se triplicaron en términos reales entre 2004 y 2018.