“Estamos empeñados en trabajar fuertemente en el diseño institucional, la profesionalización de la gestión, el llamado a concurso para la gestión de proyectos y trabajar en las incompatibilidades en lo referente a conflictos de intereses”, explicó Basso en declaraciones a la prensa, antes de participar del III Cabildo Internacional “La salud: ¿Un derecho o una mercancía?”, organizado en la Torre de las Comunicaciones de Antel por la sindical Federación Uruguaya de la Salud (FUS).

Basso se refirió a dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento sobre centros de referencia y conflictos de intereses en el sector salud. Sobre este último punto dijo que “debe haber un marco legal que determine con claridad cuál es el alcance de un conflicto de interés”. Agregó que “es un tema que no solo abarca a lo público sino que es a nivel global del sistema sanitario”.

También se “promueve una ley referida a centros de referencia, para que algunas patologías de baja prevalencia que requieren de mucha experticia y equipos especializados no estén en los 43 prestadores de salud sino en áreas concentradas, donde las personas puedan atenderse eficientemente en varios departamentos y garanticen el acceso a una atención de calidad”.

Sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el ministro dijo que “se buscan respuestas estructurales en una institución de gran porte, tanto que es la más grande del sector salud de Uruguay, con 30.000 funcionarios, 900 puestos de atención y casi 1,3 millones de usuarios”, en un país con 3,4 millones de habitantes.

“Hay que profesionalizar la gestión pública, trabajar con metas y objetivos, y ello requiere tomar decisiones en un marco legal obligatorio”, puntualizó.

Nuevas prestaciones
En otro tramo de sus declaraciones en la rueda informal de prensa, Basso señaló que, cuando se mejora la oferta de servicios, lo único seguro es que aumenta la demanda, pues las personas se apropian de los derechos y exigen más”. En ese marco, el gobierno de Tabaré Vázquez “tiene el enorme desafío en la complementación de servicios, la eficiencia en los gastos y en obtener lo que ofrecen la ciencia y la tecnología en el mundo”.

Al respecto, informó que “se delinean nuevas prestaciones, que se van a incorporar dentro del Fondo Nacional de Recursos (Fonasa) y del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), que tienen un listado obligatorio que los prestadores públicos y privados deben ofrecer a los usuarios”.

Explicó que se analizó la actual canasta de prestaciones gratuitas y se detectó que 10 % de ellas han quedado obsoletas ante los avances científicos y tecnológicos, por lo cual se deben eliminar e incorporar nuevas”.

Destacó que “es un diferencial que tiene Uruguay, porque en la mayoría de los países la población accede a pocas prestaciones básicas y debe pagar complementos para obtenerlas, mientras que en Uruguay están aseguradas de manera muy amplia”.