(Infobae) Las empresas de medicina privada cuestionaron los últimos cambios que estableció el Gobierno nacional para las prestaciones y que incluyen, por un lado, una nueva fórmula que limitará el ritmo de incrementos mensuales que podrán tener los planes de cobertura, y por otro, la obligación de que ofrezcan a sus clientes un abono al menos un 25% más barato que el plan más económico que tenga en su cartera.

El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) Claudio Belocopitt, advirtió que las compañías del sector realizarán sus propias revisiones para corroborar que las declaraciones de ingresos que hagan quienes quieran contar con la bonificación en el valor de su cobertura –solo se admiten casos con remuneraciones familiares menores a los 6 salarios mínimos– no “falseen” o subdeclaren para poder tener esa bonificación.

“Claramente bajo ninguna circunstancia compartimos que esto esté bien”, dijo Belocopitt en referencia al esquema de copagos que se pondrá en marcha desde ahora y que fue reglamentado recientemente por la Superintendencia de Servicios de Salud. “Las empresas, utilizando todos los mecanismos que existen, como el Nosis o el Veraz, vamos a hacer nuestras propias revisiones para analizar si el sujeto tiene la realidad económica que dice tener”, mencionó.

“Tenemos que tener en cuenta que para nosotros el otorgamiento (de este esquema bonificado) es un impacto económico muy contundente. Hay que evitar fraudes en declaraciones juradas”, continuó.

“Con el listado que nos pase la Superintendencia (de usuarios que piden contar con la bonificación) vamos a hacer muestreo, queremos verificar, tenemos algunas vías para hacerlo. Y si corresponde llamaremos y diremos cuáles son los casos que no cierran”, aseguró el empresario.

“El sistema va a cobrar menos de lo que corresponde por una decisión del Estado. El primer concepto que tenemos que tener en claro es con todas las letras: no falseen las declaraciones juradas porque es una causa de rescisión de contrato”, dijo el también presidente de Swiss Medical, y mencionó como alternativa la posibilidad de la aplicación de multas.

“Claramente lo que quedó claro y se convalidó con las autoridades es que los ingresos son los del grupo familiar. Sino podría ser que un individuo que gana 400 mil pesos quede afuera del sistema bonificado y un matrimonio que gane 700 mil quede adentro. Se van a tomar encuenta los ingresos del grupo familiar”, apuntó Belocopitt.

“Como hasta ahora no hay plata del Estado en juego, la pregunta es cuánto trabajo van a dedicar a verificar si las declaraciones está bien o mal. Acá hay dinero en juego, es un dinero que sale del sistema privado de salud, no del Estado”, remarcó.

El sistema que reglamentó la Superintendencia de Servicios de Salud implica una fórmula que determina todos los meses cuál debería ser el incremento máximo del costo de los planes de medicina prepaga, que debería equivaler al 90% de lo que marque el índice Ripte (que refleja la evolución de los salarios formales) del mes anterior.

Ese tope aplicará para quienes tengan ingresos menores a los 6 salarios mínimos, vitales y móviles. Para determinar si un cliente puede ingresar en el nuevo esquema deberá presentar todos los meses una declaración jurada ante la superintendencia en la que especifique cuáles son los ingresos totales del hogar, según sostienen desde UAS. Si no supera ese umbral de 6 SMVM, tendrá a su alcance el esquema bonificado. El esquema durará 18 meses.

Otra medida que se tomó en paralelo fue la de establecer que las empresas deberán ofrecer un plan de cobertura con copagos que tenga un precio al menos 25% menor al plan más barato que tuvieran en su servicio.

Sobre este aspecto, el presidente de UAS mencionó que las empresas prestadoras de medicina privada tomarán la decisión de ofrecer “más o menos planes de acuerdo a sus necesidades comerciales”. Por otra parte, postuló que las prestaciones serán las mismas pero “no idénticas”, ya que algunos prestadores pondrían no estar incluidos. “No puedo obligar a alguien a trabajar conmigo”, dijo Belocopitt. “Vamos a tratar de hacerlo lo mas parecido posible”, mencionó.

En términos generales, el principal directivo de la UAS cuestionó “el cambio de reglas de juego para el sector”. “El sistema tiene una crisis y tenemos una responsabilidad mayor que es que el sistema sea sustentable y sólido para atender a nuestro segmento de afiliados. Tenemos que tener certeza de que vamos a estar solventes para seguir funcionando, sino actuaremos en consecuencia”, advirtió.